martes, 9 de septiembre de 2014

La crisis ha dejado a casi 10.000 familias desahuciadas en Málaga

La nueva Ley Hipotecaria y la presión de la calle no han podido detener la escalada imparable de desalojos entre 2008 y 2013

La crisis económica ha dejado muchos cadáveres por el camino. La frase es literal, puesto que hasta que muchas personas que iban a ser desalojadas de sus casas por no poder pagar las hipotecas no comenzaron a poner fin a sus vidas, a lo largo de 2012, los bancos y las cajas de ahorros no accedieron a impulsar una moratoria en el abono de las mensualidades durante un bienio, lo que alivió a muchas familias. Sin embargo, mirados ya con perspectiva los números de la crisis, el drama familiar es enorme: en los cinco años de depresión han sido desahuciadas en la provincia de Málaga 9.322 personas, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, el dato contempla el número de lanzamientos positivos practicados por los Servicios Comunes de Actos de Comunicación (SCAC) en todas las provincias españolas, es decir, los desalojos efectivamente practicados, en este caso en Málaga, desde 2008, año en el que comenzó a notarse con especial virulencia la crisis económica –el inicio simbólico se ubica en septiembre, cuando cayó Lehman Brothers–, hasta 2013, y por tanto excluye los ocho meses que llevamos de 2014, con lo que el número superará ampliamente los 10.000 desahucios.


En esta cifra se recogen tanto los impagos de hipotecas como los de alquileres, aunque el número de lanzamientos ordenados por los jueces es mucho mayor, dado que en algunos casos no se encuentra a la persona en cuestión o no se puede llevar a efecto por cualquier otro motivo.
Ni la nueva Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno central a principios de 2013, que establecía la moratoria de pago de las mensualidades que anunciaron como símbolo de buena voluntad de bancos y cajas, ni las posibilidades de alegar cláusulas abusivas ante el juez en el contrato –lo que se consiguió tras la protesta de los jueces decanos y una sentencia del Tribunal de la Unión Europea respecto a un caso de Barcelona– han frenado la sangría de los desalojos, que, si se contiene, acaso, es precisamente por esa moratoria que expiraba en noviembre de 2014 y que el Gobierno, explica Isabel Jiménez, portavoz de Stop Desahucios en Málaga, ha decidido alargar un año más, hasta el mismo mes de 2015. Antes de todo ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó un código de buenas prácticas bancarias para paliar los desalojos que quedó en papel mojado, porque dejaba muchas de las decisiones en manos de las entidades.
Moratoria insuficiente
Asimismo, la moratoria legal sólo atañía a familias especialmente vulnerables, una calificación en la que entraba una ínfima parte de la población. Así, los datos del primer trimestre de 2014 en Málaga confirmaron que el número de desahucios creció un 22% en relación al mismo periodo de 2013, alcanzando los 956 lanzamientos hasta marzo.
Jiménez lo tiene claro: «Cuando acabe la moratoria, en noviembre de 2014, ahora prolongada hasta 2015, habrá una oleada de desahucios». Es un augurio negro, pero la portavoz de Stop Desahucios en Málaga insiste en que se trata únicamente de «otros parches». Igual se amplía aún más la carencia de pago, pero consideran que se trataría de otra medida electoralista de Mariano Rajoy para mantenerse en el Ejecutivo. «De momento, por lo menos la gente sigue en sus casas», dice.
Cambiar la ley
«Queremos que se cambie la ley, sobre todo si lo que se ha decidido está mal hecho: necesitamos una dación en pago universal y retroactiva y alquileres sociales, eso es lo que intentamos a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)», precisa Isabel Jiménez, que insiste en que las moratorias «no son la solución».
«La gente lo sigue pasando muy mal cuando no paga la letra de la hipoteca, cuando se subasta su casa y cuando la demandan, por eso a partir de septiembre vamos a seguir asesorando gente y ayudándola a saber qué opciones tienen, al igual que seguiremos peleando por una nueva normativa», reflexiona.
Todos los activistas tienen en la mente aquel aciago día de diciembre de 2012 en el que una vecina de 56 años de Los Corazones se suicidó tras recibir una orden de desalojo del piso por no haber podido hacer frente a la hipoteca. Tenía a su cargo a su madre enferma, de 96 años, y antes de decir adiós dejó una emotiva carta en la que incluso detallaba las medicinas que le había dado a su progenitora y las que aún le quedaban por tomar.

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