Detienen a dos policías locales de Coín por fraude en los cursos a parados

Agentes de la UDEF desplazados desde Madrid arrestaron ayer a 12 personas, ocho en Málaga y cuatro en Granada Han empezado por los empresarios, pero la investigación sigue abierta

"Ha empezado el baile". Con esta frase destacaban ayer fuentes policiales el inicio de detenciones por el caso Edu, relacionado con el supuesto fraude en los cursos de formación con compromiso de contratación a personas desempleadas. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplazados desde Madrid comenzaron a primera hora de la mañana una operación que se ha saldado, por ahora, con el arresto de 12 personas, de las cuales ocho se encontraban en Málaga y cuatro en Granada. Llama especialmente la atención que dos de los detenidos son policías locales de Coín. Fuentes de la investigación subrayan que uno se encuentra en ejercicio y el otro en excedencia, que fueron arrestados en el Consistorio y que uno de ellos sería el propietario de uno de los centros de formación investigados. 

Cuatro personas fueron detenidas en Málaga capital, dos en Torremolinos, las dos mencionadas de Coín, dos en Granada y otras dos en Guadix. Según explican las fuentes consultadas, los arrestados son los propietarios de los centros de formación investigados y estaban en sus viviendas o en sus actuales centros de trabajo cuando fueron detenidos. 



La operación concluyó hacia las 15:30, por lo que los detenidos no pasarán a disposición judicial, al menos, hasta hoy. No se llegaron a hacer registros aunque las fuentes consultadas subrayaron que la investigación sigue abierta. De hecho, podría haber más detenciones en los próximos días. "No sabemos dónde vamos a llegar. Esto es el principio", apuntaban. 

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga y la Fiscalía ya le solicitó a principios de junio "la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades en las que se han detectado las irregularidades en la obtención de subvenciones y en la aplicación de los fondos recibidos, así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones". Por ahora, han empezado por los empresarios. 

El 6 de mayo de 2013 la Sección de Investigación de la Seguridad Social, de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía presentaron un informe en la Fiscalía de Málaga en el que señalaban que había "graves incumplimientos" relacionados con subvenciones concedidas a 20 personas físicas y jurídicas en un programa de formación profesional ocupacional llamado 32D. En concreto, corresponde a una resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo de 15 de diciembre de 2010 con un importe de 1,7 millones de euros. En investigaciones posteriores se redujo el número de empresas y autónomos a investigar a 17, de las cuales la inmensa mayoría eran de Málaga. Se han detectado irregularidades en otras provincias andaluzas, aunque el caso se ha repartido entre las distintas fiscalías. La Seguridad Social dio la voz de alarma porque comprobó que no estaban dadas de alta personas que, se suponía, habían hecho un curso de formación con compromiso de contratación y, por tanto, debían estar trabajando. 

No fue hasta abril de este mismo año cuando se hizo pública la investigación. Agentes de la UDEF interrogaron a más de 200 profesores y alumnos de los centros para ver si se produjo fraude. La Fiscalía cree que hubo una práctica de "caza de subvenciones públicas de algunas de las empresas beneficiarias", toda vez que muchos de los cursos financiados con dinero público no cumplieron los requisitos de inserción laboral -un 60% de los estudiantes que los finalizaran- o, directamente, ni siquiera se realizaron, aunque sus organizadores sí cobraron el dinero. Cinco de las empresas investigadas, según pudo comprobar este diario en abril, recibieron las ayudas públicas al poco tiempo de ser constituidas. 

La Fiscalía entiende que se han podido cometer cinco delitos penales: fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. La Junta de Andalucía ha señalado en varias ocasiones que colaborará con la justicia y que está analizando tanto los expedientes investigados por la policía como el resto. Por ahora ha reclamado dinero a La Cónsula y al Consorcio de Hostelería de Benalmádena (que no están entre las 17 de la UDEF) y el lunes publicó en el Boletín Oficial de la Junta una solicitud de reintegro a tres de las empresas que sí están siendo investigadas.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1812107/detienen/dos/policias/locales/coin/por/fraude/los/cursos/parados.html