La Fiscalía pide para el agente un año de prisión, una multa de 1.350 euros y una suspensión de 12 meses
La Fiscalía pide un año de prisión y una multa de 1.350 euros para un agente de la Guardia Civil al que acusa de un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos cometido al quedarse con el dinero de hasta ocho multas de tráfico que él mismo impuso.
Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el 9 de febrero de 2011, la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga solicitó un escrito de aclaración al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, con sede en la avenida Arroyo de los Ángeles, sobre un expediente de denuncia efectuado el 20 de septiembre de 2010. En la carpetilla, el agente acusado denunció a un inglés por «no utilizar el conductor del coche el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado». En concreto, se imponía una sanción de 200 euros, que tiene un descuento del 50% para los extranjeros. «El acusado, como había hecho en otras ocasiones, había incorporado el importe a su patrimonio personal», aclara el fiscal.
Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el 9 de febrero de 2011, la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga solicitó un escrito de aclaración al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, con sede en la avenida Arroyo de los Ángeles, sobre un expediente de denuncia efectuado el 20 de septiembre de 2010. En la carpetilla, el agente acusado denunció a un inglés por «no utilizar el conductor del coche el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado». En concreto, se imponía una sanción de 200 euros, que tiene un descuento del 50% para los extranjeros. «El acusado, como había hecho en otras ocasiones, había incorporado el importe a su patrimonio personal», aclara el fiscal.
La Oficina de Gestión Económica del Subsector de Tráfico, «que se encarga del tratamiento contable de las denuncias de cobros-depósitos realizados por los agentes para su tramitación e ingreso en la Jefatura de Tráfico, comprobó que no existía anotación alguna de la entrega de la cantidad de 100 euros por el agente denunciante, así como que tampoco existía para su tramitación ordinaria el expediente de denuncia», precisa el representante de la acusación pública.
El funcionario fue requerido en febrero de 2011 para que hiciera entrega del expediente y de los 100 euros, de tal forma que dio a un miembro de la Oficina de Gestión Económica ocho carpetillas en total con siete sanciones de cien euros y una de 250. En concreto, la entrega tuvo lugar el 2 de marzo de 2011.
«En total, son ocho denuncias no tramitadas y 950 euros, que entregó en efectivo. En todos los casos, los denunciados eran ciudadanos extranjeros», concluye el fiscal, quien acusa al agente de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Además de la prisión y la multa, reclama una suspensión de empleo para el funcionario de un ejercicio y las costas. El juicio oral se celebrará ante el Tribunal del Jurado, aunque por ahora no hay fecha.
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