En el primer trimestre de 2014 se produjeron 956 desalojos, 489 por no poder hacer frente al crédito hipotecario y el resto por no abonar el alquiler
La cifra de desalojos sigue imparable en todas las series estadísticas existentes, sea cual sea la base de datos que se consulte. Entre enero y marzo de 2014, han sido desahuciados 956 malagueños, lo que supone un 22,4% más que en el primer trimestre de 2013, cuando se efectuaron 781 lanzamientos, según los datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En 2013, en concreto, la cifra de desalojos, ya sea por el impago de la hipoteca o por no poder hacer frente al alquiler fue de 3.074 casos. De ellos, 1.478 se debieron a ejecuciones hipotecarias y el resto a procedimientos por no poder hacer frente al arrendamiento de una casa o local. Los lanzamientos relativos a no poder abonar la mensualidad hipotecaria han subido un 50% en el primer trimestre de 2014, hasta los 489 casos –casi la mitad de los 956 desalojos practicados hasta marzo–.
Estos datos reflejan los desalojos que efectivamente se han producido en la provincia –lanzamientos–, es decir, que el proceso judicial previo ha tardado unos meses hasta que el juez finalmente ha ordenado el desahucio y éste se ha concretado. Pese a ello, las demandas de ejecución hipotecaria presentadas comienzan a frenarse o a estabilizarse, lo que se explicaría porque ya es todo hueso, y por las medidas tomadas por diferentes administraciones para frenar, aunque sea algo, el drama de los desahucios. En el primer trimestre se han presentado 1.030 ejecuciones hipotecarias, frente a las 1.027 de hace un año. La estabilización es evidente. Por tanto, lo normal es que cada vez haya más lanzamientos motivados por los procedimientos iniciados meses antes y el número de demandas se vaya frenando.
Medidas de corto alcance
El Gobierno ya aprobó una moratoria de dos años, hasta mayo de 2015, en los desahucios, una decisión que adelantaron la patronal bancaria y la asociación que aglutina a las cajas de ahorros después del rosario de suicidios de personas que iban a ser desalojadas que se produjo desde finales de 2012.
Lo cierto es que la reforma de la Ley Hipotecaria ha tenido un alcance muy corto, porque las condiciones para acogerse al bienio de suspensión de los lanzamientos eran draconianas: los beneficiarios sólo podían ser núcleos familiares de especial vulnerabilidad: esto engloba a familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años, cuidan a un discapacitado o dependiente o si el deudor ha agotado el desempleo o prestaciones sociales, y las mujeres maltratadas. Es decir, se dejó fuera a la gran clase media. Y el alivio para personas en riesgo de exclusión social, muy limitado, como demuestran los datos de los primeros trimestres de 2013 y 2014: el número de demandas de ejecución hipotecarias presentadas es idéntico, poco más de un millar. El pico se alcanzó en 2009, con 4.475 demandas, frente a las 1.1140 de 2007, o las 4.044 de 2013.
A nivel nacional, el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en los tres primeros meses de 2014 fue de 24.226, lo que supone el 13,6% más que el año anterior. El informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales correspondiente al primer trimestre del año pone de manifiesto que este incremento interanual sigue a las reducciones observadas en todos los trimestres de 2013.
Por comunidades, el número más elevado de ejecuciones hipotecarias iniciadas se dio en Cataluña, con 5.773, lo que representa el 23,8% del total nacional, Andalucía (19%), la Comunidad Valenciana (17,4%) y, a mucha distancia, Madrid (8,2%). En cuanto a los lanzamientos practicados durante los primeros tres meses del año, la cifra fue de 18.492, un 5 % menos que en el mismo periodo de 2013. El 41,7% de ellos se derivó de ejecuciones hipotecarias y el 53,8% de la Ley de Arrendamientos.
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