La Junta justifica el desmantelamiento de las unidades territoriales de empleo por los recortes del Gobierno central
Durante años se han dedicado a prestar asesoramiento a parados y a emprendedores en su lucha por abrirse camino en el mercado laboral, ayudándoles tanto en la búsqueda de financiación como en la elaboración de planes de viabilidad para que sus proyectos empresariales se hicieran realidad. Ahora, se da la triste paradoja de que la reducción por parte del Gobierno central de los fondos para las políticas activas de empleo gestionadas por las comunidades autónomas les van a empujar directamente al otro lado de la barrera. Los 104 trabajadores de las 14 unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico (Utedlt) que hay repartidas por la provincia tienen todas las papeletas para pasar a engrosar las listas del paro a partir del 1 de octubre, ya que su financiación depende en un 80% del dinero que debe aportar la Junta y que a su vez debe transferirle el Ejecutivo central (el 20% restante le corresponde a los ayuntamientos).
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tiene previsto
remitir de forma inminente a todos los agentes locales de promoción y
empleo (conocidos como Alpes) una notificación para que asistan a una
reunión provincial a finales de agosto en la que, salvo que el Ejecutivo
central dé marcha atrás y vuelva a abrir el grifo tal y como exige la
Junta, se les informará de los trámites que el ente autonómico va a
poner en marcha para proceder a su despido a fecha del próximo 30 de
septiembre. De confirmarse estos ceses (800 en toda Andalucía) se
sumarían a los de los 74 técnicos promotores de empleo (417 en la
región) que fueron seleccionados hace un año para reforzar las oficinas
del SAE y que tampoco fueron renovados al expirar su contrato el pasado
30 de junio. Además, la misma suerte pueden correr los cerca de 200
orientadores que trabajan desde la propia Junta además de en otras
organizaciones como sindicatos y asociaciones empresariales. De hecho,
ya se han producido los primeros ceses.
Servicio externo para el ERE
La situación fue denunciada ayer por CC OO y UGT, quienes
criticaron al Ejecutivo central por recortar las partidas procedentes
de fondos europeos destinadas a las políticas activas de empleo, y a la
Junta por prescindir de este instrumento de colaboración con los
ayuntamientos para el desarrollo del empleo local. Además, también
pusieron el acento sobre el hecho de que ante las estrecheces económicas
que está atravesando el Gobierno regional, el SAE haya recurrido a una
contratación externa de asesoramiento para la elaboración del Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) «con el objeto de dotar al procedimiento
de seguridad jurídica y evitar posibles impugnaciones que declararan
improcedentes los despidos». En este sentido, la responsable de la
Secretaría de Empleo de CC OO en Málaga, Pepa González, alertó sobre la
posibilidad de que «todo el proceso se haga sin tener en cuenta a las
organizaciones sindicales ni a los comités de empresa».
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