Dos ex mandos de la Udyco (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) serán juzgados por apropiarse de dinero y objetos como una televisión y un reloj de oro, obtenidos durante los registros y operaciones policiales, así como por falsear diligencias y ofrecerse como investigadores privados, entre otras irregularidades supuestamente cometidas en el ejercicio de sus funciones. El fiscal ha formulado acusación contra el ex inspector Carlos F. y el ex inspector jefe de la Udyco José Alfredo M. para los que pide 19 y 8 años de cárcel, respectivamente. También ha sido acusada una tercera persona, Ischia O., de nacionalidad italiana, que actuó como confidente.
Una unidad de Asuntos Internos comenzó en 2004 a investigar la actividad de los acusados en distintas intervenciones. En concreto en mayo de ese año, y en el marco de la 'operación Topo', los agentes, bajo el mando de Carlos F., desarticularon una banda de narcos en Marbella en la que se incautaron de más de tres toneladas de hachís. El cabecilla, Sophian H. -acusado y juzgado por blanqueo en el 'caso Ballena Blanca'-, fue detenido y tras un tenaz forcejeo perdió un reloj de oro valorado en unos 20.000 euros, que fue entregado por uno de los policías a su superior Carlos F. Éste, «cediendo ante un sentimiento de codicia» -explica el fiscal en su escrito de acusación- se adueñó del mismo, aunque posteriormente al ser reclamado insistentemente por el abogado de Sophian lo devolvió. Para ello aportó al juzgado un informe de contenido «falaz», según asegura el representante del Ministerio Público, en el que relató que el reloj fue hallado en el coche del detenido tras una concienzuda búsqueda.
Tras este episodio, el otro acusado, el inspector jefe José Alfredo M., recibió quejas y peticiones de traslado de policías que denunciaron «los comportamientos irregulares que venían observando en el inspector Carlos F.», como el asunto del reloj. Debido a la amistad que mantenía con él, José Alfredo M., nunca dio cuenta a superiores.
El fiscal también acusa a éste último de sacar de las dependencias policiales y llevarse a su domicilio un televisor intervenido en una operación contra el tráfico de drogas en enero de 2007 en Marbella. A este inspector se le intervinieron, además, en su despacho, varias armas que conservaba sin las guías.
Maletín de marca
En la 'operación Arenal', en julio de ese mismo año, se registraron a la vez varias viviendas en Coín y Marbella, donde se intervinieron un maletín de marca y una riñonera con mil euros, aunque, el fiscal afirma que al realizar el recuento Carlos F. «apartó y sustrajo tanto los mil euros como el maletín», que fue hallado en el registro de su vivienda.
Carlos F., además, está acusado de poner en libertad al otro procesado, Ischia O., tras proponerle éste trabajar como su confidente, «lo que se produjo con el beneplácito del otro inspector», agrega el representante de la Fiscalía.
Otro de los hechos delictivos que imputa el Ministerio Público a Carlos F. es «provocar» una operación de venta de drogas para dar «un brillante desenlace» a una investigación, utilizando al confidente a modo de agente encubierto. El fiscal explica que concibieron un plan que consistía en aportar en lugar de cocaína una sustancia inocua, de aspecto similar, y aprovechar la ocasión para adueñarse del dinero que le entregarían los compradores. En la operación fueron detenidos dos individuos y el confidente salió del recinto con el dinero, aunque el inspector «escenificó una falsa persecución», llegando a hacer disparos al aire.
El fiscal acusa también a José Alfredo M. de aprovecharse de su relación con un matrimonio ruso para ofrecerle una empresa de detectives para unas investigaciones. «Esa empresa de detectives no existía y en realidad lo que pretendía era aprovecharse para obtener un beneficio económico asumiendo y organizando él mismo una investigación de naturaleza privada, pero a costa de los recursos personales y materiales que tenía a su disposición», agrega el fiscal, quien agrega, no obstante, que no quedó acreditado que cobrara el dinero pactado.
A los policías se les imputa delitos de quebrantamiento de condena, malversación, cohecho, tenencia ilícita de armas, falsedad, detención ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.
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