El caos urbanístico genera 27.000 expedientes por casas ilegales en Málaga

Marbella, Estepona, Mijas y Cártama son los municipios con el problema más grave. La construcción de chalés unifamiliares en terreno rústico, la principal ilegalidad en el interior

MIGUEL FERRARY (*). MÁLAGA La ordenación urbanística en la provincia ha sido, durante años, como un chiste malo: no hace gracia, pero sigue contándose. Las consecuencias de estos años de locuras urbanísticas las vivimos ahora, con una cantidad de expedientes abiertos a viviendas irregulares que superan ampliamente los 27.000, sólo en los grandes municipios de la provincia. Lo peor es que todo indica que este número sólo representa una fracción de las ilegalidades cometidas, como se ha demostrado con el caso de Almogía. La excesiva permisividad y la falta de vigilancia por parte de las administraciones están pasando ahora factura a muchos municipios.

Marbella es el paradigma de las ilegalidades urbanísticas, pero no es el único municipio con este problema desmandado por su gravedad. Las 18.000 viviendas que están en situación irregular la convierten en el municipio más problemático, con un proyecto de PGOU que intenta poner un poco de orden en este marasmo de ilegalidades y no recurrir al temido derribo de edificios que están ya habitados.

Pero si Marbella acumula más de la mitad de estos expedientes, las vecinas Estepona y Mijas parecen estar contagiadas con el mismo mal. Ambos municipios acumulan unos 3.000 expedientes cada uno, unas cifras estratosféricas si se ponen en contexto con el resto de la provincia, ya que sólo Cártama se acerca un poco con otros 2.000 expedientes, mientras que el resto de los municipios se sitúan por debajo de las 350 infracciones detectadas.

En los municipios de la Costa del Sol suele ser habitual la construcción en terreno no urbanizable, fruto del caos urbanístico vivido durante los años del ´boom´ inmobiliario. Estas infracciones pueden ir desde levantar edificios enteros de viviendas o urbanizaciones, a construir una piscina o un muro de cerramiento sin licencia.

Estepona, con cientos de viviendas de urbanizaciones construidas en terrenos rústicos o protegidos, vive una situación peculiar. El inicio del ´caso Astapa´ provocó la paralización de la mayor parte de los trámites sancionadores, ya que muchos expedientes están intervenidos dentro de las actuaciones judiciales.

Valle del Guadalhorce

La Costa del Sol es quizá uno de los puntos negros del urbanismo en la provincia. Pero no el único. El Valle del Guadalhorce se ha convertido en una zona muy dinámica en los últimos años, lo que ha tenido también su reverso oscuro a modo de irregularidades. Lo habitual ha sido la construcción de chalés donde antes había casas de aperos. La falta de beneficio por la agricultura y los altos precios que se pagan por un terreno han servido de excusa. Los ayuntamientos han preferido mirar a otro lado para evitar problemas, actuando como cómplices. Las víctimas han sido el paisaje y los terrenos rústicos.

Cártama es, con sus 2.000 expedientes abiertos, la zona más compleja. De hecho, allí se produjo el primer derribo de una vivienda ilegal en la provincia. El primero y casi el único, porque sólo se ha repetido esto una vez más, en Marbella.

El paisaje de este municipio se ha visto, en apenas unos años, salpicado de puntos blancos a causa de la gran cantidad de viviendas que se han construido en antiguas zonas de labranza. El control se ha hecho casi imposible.

Los municipios del interior han vivido una cierta impunidad, producto de estar en una segunda fila por el peso de la Costa. Eso no ha impedido casos como el de Almogía o Gaucín, con intervenciones judiciales para poner coto a las irregularidades.

Mientras la capital tiene abiertos poco más de un centenar de expedientes por infracciones de poco calado, el gran melón por abrir de las ilegalidades parece ser la Axarquía. Ecologistas en Acción cifra en unas 20.000 las viviendas ilegales en esta comarca, con una actividad casi descontrolada en muchos municipios del interior.

Este grupo señala que pocas son las localidades que se libran de los abusos urbanísticos, como son Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Comares y Cútar. En el resto, según Ecologistas, las infracciones se han ido extendiendo como una mancha de aceite, alcanzando cotas preocupantes.

* Información elaborada con datos de Noelia Andrade, Princesa Sánchez, Ana María Marín, Carmen Fernández, Ana García, Izaskun Guerrero, Blas Gil y Lola Sánchez.

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Las denuncias ciudadanas impulsan las investigaciones de la Fiscalía

Desde que se creó el área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga han quedado claras dos cosas: la primera, que los delitos contra la ordenación del territorio se han multiplicado por toda la geografía provincial, adquiriendo en la Costa del Sol su máxima entidad, penetrando hasta el interior en forma de autoconstrucciones; la segunda es que ha crecido mucho la concienciación ciudadana contra estos delitos. Así, el ministerio público inicia cada vez más investigaciones gracias a las denuncias de particulares que, antes de ir a la Guardia Civil o al juzgado de guardia, deciden poner en conocimiento del coordinador de la sección, Juan Calvo Rubio, la ilegalidad.

Así lo reconoce el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales: "El origen de nuestras denuncias suelen ser las fuerzas de seguridad, pero es cierto que cada vez recibimos más denuncias de vecinos y particulares. Es complejo detectar los delitos urbanísticos, pero siempre hay fugas. Ha aumentado mucho la participación ciudadana". No sólo denuncian ya los partidos de la oposición o los ecologistas, sino que también han encontrado un válido interlocutor en la Fiscalía los vecinos, principales agredidos por construcciones ilegales en sus municipios.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha incoado alrededor de 300 diligencias de investigación en los nueve primeros meses del año, de las que 250 se refieren a delitos relativos al urbanismo: fundamentalmente se investigan prevaricaciones e ilícitos contra la ordenación del territorio. Después de abrir estas diligencias, si hay indicios delictivos, el fiscal interpone la correspondiente querella en el Juzgado Decano del partido judicial afectado, iniciándose el proceso penal. Hace tiempo que el ministerio público lleva advirtiendo de la proliferación de autoconstrucciones en los pueblos del interior, viviendas ilegales levantadas en suelos rústicos que ni siquiera, en muchos casos, tienen licencia. Ocho de cada diez delitos contra la ordenación del territorio están relacionados con autoconstrucciones. Además, siempre se solicita la demolición de la vivienda.
José Antonio Sau

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